Marcha universitaria ¿Movida política o defensa frente al desfinanciamiento? 12 preguntas para entender el conflicto

Texto de Lucila Marin

Las alertas empezaron temprano. Además del reclamo salarial docente, las universidades nacionales venían avisando desde principios de año que los fondos no alcanzarían para solventar la cursada de todo el año. En febrero, la Universidad de Buenos Aires (UBA) manifestó su extrema preocupación; luego se declaró en emergencia presupuestaria. Mientras que los rectores nucleados en el Consejo Universitario Nacional (CIN) alertaron que se vería “seriamente afectado el funcionamiento” de las instituciones. Después llegaron las imágenes de la UBA a oscuras o los recortes en becas. Pese a los aumentos anunciados por el Gobierno, la comunidad universitaria decidió mantener la convocatoria para la marcha federal en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que promete ser multitudinaria.

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¿Por qué se convoca a la marcha?

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó, junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), a una marcha nacional en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino a la que luego adhirió la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de sectores de la oposición. Reclaman por la actualización del presupuesto, los salarios del personal docente y no docente, el deterioro del sistema científico y la suspensión de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución.

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¿Qué dice el Gobierno en relación al presupuesto universitario y el financiamiento de la universidad pública?

El Gobierno considera que la marcha tiene fines políticos y ya avisó que mantendrán el protocolo antipiquetes, como así también que avanzarán con auditorías. “Un aviso importante: pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar”, dijo el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“Nos preguntamos por qué algunas autoridades levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 200%. Nosotros apoyamos la educación pública y gratuita de calidad, pero no vamos a hacer asignaciones arbitrarias de recursos; no vamos a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”, afirmó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni.

Milei, por su lado, ha apuntado contra la educación pública porque considera que “ha hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente”. Suele hablar de adoctrinamiento y en los últimos días, con una catarata de tuits y retuits, sugirió que las casas de estudio obligan a sus estudiantes a asistir a la marcha. Cuando presentó su plan de gobierno en agosto incluso afirmó “el mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios”.

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¿Qué aumentos anunció el gobierno para las universidades públicas?

El Gobierno actual prorrogó el presupuesto de 2023 dado que el 2024 nunca se aprobó en el Congreso. Por lo tanto, con una inflación interanual de 275,5%, las universidades comenzaron el año –al igual que tantas otras áreas del Estado– con el mismo presupuesto nominal con el que contaron en 2023, casi $1,4 billones.

Según concluye un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en base a la plataforma oficial Presupuesto Abierto, aun incorporando los dos últimos aumentos del Gobierno, el presupuesto total para las universidades solo aumentaría un 4,1%, lo que significa un 71% menos en términos reales que en 2023. Y sería el presupuesto universitario más bajo desde que entró en vigencia la Ley de Educación Superior (1996).

Un día antes del primer paro universitario, el 14 de marzo pasado, el Gobierno anunció un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento. Dado que se trata de un ítem dentro del presupuesto total, sólo implicó un aumento del 2% en el gasto total vigente en comparación con el presupuesto inicial. Luego de las imágenes de la UBA a oscuras y la campaña para visibilizar el impacto del ajuste presupuestario, el multitudinario abrazo al Hospital de Clínicas y ante la marcha que se anticipa masiva, el Gobierno propuso otro aumento. La cartera a cargo de Sandra Pettovello anunció oficialmente el jueves pasado que habían llegado a una “propuesta consensuada” con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) -que lo desmintió- para aumentar un 70% más los gastos de funcionamiento a partir de mayo. Sumado a una partida extraordinaria para los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

La decisión del Gobierno, entonces, implica un aumento para dos partidas: Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, que representa solo el 7,9% del gasto, y Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, que es apenas el 1%.

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¿Massa ya había congelado el presupuesto?

Tanto voces oficialistas como quienes no están a favor de la marcha han dicho que los gastos de funcionamiento estaban congelados desde el año pasado. La diferencia con el 2024 es que al comenzar el año se prorrogó el presupuesto 2023 nominalmente. En cambio, el presupuesto 2023 para gastos de funcionamiento de las instituciones ($69.188,7 millones) implicaba un aumento del 211,78% en términos nominales comparado con el de 2022 ($22.191,3 millones). A su vez, según reflejan las cifras publicadas en Presupuesto Abierto, durante el año esa partida se amplió un 10% y el presupuesto ejecutado fue $76.123,7 millones.

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¿Hasta cuándo dicen las universidades que pueden pagar los sueldos?

La mayoría del presupuesto universitario se destina al pago de salarios de docentes (52,2%) y del personal no docente (30,5%) cuyas asignaciones no se han modificado desde la prórroga del presupuesto.

El crédito vigente anual para el total del sistema universitario al 2 de abril pasado era de $738.893 millones para salarios docentes, y de $431.648 millones para salarios no docentes. A esa fecha, cerca del 40% de lo disponible para todo el año ya se había ejecutado: $299.696 millones para pago de salarios docentes, y $174.442 para salarios no docentes.

Los datos se desprenden de un análisis realizado en base a las cifras de la Secretaría de Hacienda por los economistas Javier Curcio, Director del Departamento de Economía, y Julián Leone, subsecretario del Área de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. .

“La UBA en los dos primeros meses había tomado el 42% del espacio presupuestario formalmente aprobado. De no mediar ampliaciones adicionales, y por el contrario, plasmar en la ejecución lo que dice el crédito, las universidades no podrán desarrollar sus funciones en la segunda mitad del año”, graficó a LA NACION Leone.

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¿Cómo ejecutan las universidades públicas su presupuesto?

De las partidas que reciben las universidades cada mes, cerca de un 90% se destina al pago de salarios que se renegocian a través de paritarias. Mientras que el 10% restante representa los gastos de funcionamiento, es decir, el dinero que envía el Estado mes a mes para mantener todos los esenciales y que las instituciones puedan funcionar. Incluye pagos de servicios públicos, infraestructura, limpieza, mantenimiento, financiamiento para becas y erogaciones que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico: todo lo que está por fuera del pago de sueldos.

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¿Qué medidas tomaron las universidades frente al recorte?

Las universidades nacionales públicas implementaron diversas estrategias. La mayoría optó por recortes en limpieza y seguridad. En algunas, incluso, como la Universidad de Hurlingham, cuyo rector es Jaime Perczyk, exministro de Educación nacional en la gestión de Alberto Fernández, limitaron el máximo de materias para inscribirse en primera instancia. También suspendieron becas para apuntes o equipamiento.

“A modo de ejemplo, las facturas de energía eléctrica se han multiplicado casi por siete en el período abril 2023-abril 2024 (577% de incremento). Si comparamos esas mismas facturas con lo abonado en febrero 2024, el incremento alcanza un 324% en tan solo los últimos dos meses”, apunta una resolución de la UBA.

Luego de haberse declarado en emergencia presupuestaria, la semana pasada estableció la no utilización de aire acondicionado ni de las calderas para todos los edificios de la universidad, exceptuando a los hospitales; el apagado de iluminación en aulas y oficinas iluminadas naturalmente y en espacios comunes de circulación; y la utilización de ascensores solo para aquellas personas con movilidad reducida y casos de asistencia o emergencia.

Además, las convocatorias realizadas para los programas de investigación, ciencia y técnica y extensión universitaria estarán supeditadas a la efectiva disponibilidad de presupuesto para poder ser afrontadas.

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¿Qué otras áreas afectó el recorte a las universidades?

El recorte también impactó en los institutos y hospitales que dependen del presupuesto universitario. Las transferencias de partidas a hospitales universitarios tuvieron una caída del 72%, según datos relevados por ACIJ.

Las autoridades venían alertando que el impacto en los hospitales es aún mayor porque la inflación en salud fue más alta. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, que depende de la UBA, señaló por ejemplo que el aumento de los medicamentos que usan fue del 1000%.

No hay jeringas, no hay gasas, no hay pañales y le piden a los pacientes que quedan internados que lleven sus propias sábanas. El principal impacto, según señalaron los profesionales consultados por LA NACIÓN durante una recorrida por el edificio, se nota en la escasez de insumos ante, además, una demanda creciente. Como así también en la realización de cirugías, que se redujeron un 30%. Solo se están haciendo las que tienen prioridad de patología maligna.

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¿Quiénes adhieren al reclamo?

El reclamo universitario consiguió un consenso que se extendió incluso a sectores “dialoguistas” con los libertarios. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) hasta el Partido Justicialista (PJ), pasando por la Coalición Cívica (CC), el Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) dirán presente. Desde el sector gremial, la CGT, las dos vertientes de la CTA y grupos piqueteros que integran la UTEP y el Polo Obrero se sumaron a la convocatoria, al igual que los gremios docentes Suteba y Ademys.

También adhirieron desde instituciones privadas, como estudiantes de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). La declaración en defensa del sistema universitario de la Universidad de San Andrés suma firmas de docentes e investigadores de esa institución desde el domingo. Lo mismo sucede con la de la Universidad Torcuato Di Tella.

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¿Cuántos alumnos tienen las universidades públicas?

En la Argentina, había en 2022 –el último registro disponible– 2.714.277 estudiantes universitarios, de los cuales 2.162.947 estudiaban en universidades e institutos universitarios de gestión estatal. Hay 65 centros universitarios de gestión estatal.

Los restantes 551.330 estudian en instituciones privadas. Por ende, de acuerdo a datos que surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data, hasta ese año, el 80% de los universitarios recibía educación pública, y un 20%, educación privada.

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¿Qué pasó hasta ahora con la ejecución del presupuesto?

El ajuste también se percibe en el funcionamiento del primer trimestre del año. Las universidades recibieron, hasta marzo 2024, $497.636 millones, con un aumento nominal del 144,4% comparado a 2023 ($203.735 millones), que implica una caída real del 34,2%, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El número varía para cada casa de altos estudios. En el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, las transferencias en el primer trimestre cayeron un 36,3% en términos reales respecto al año pasado.

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¿Cuánto gana en promedio un docente universitario?

Los sueldos de los docentes universitarios varían de acuerdo al cargo y a la dedicación. A modo de ejemplo, según datos de Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), en febrero el sueldo neto (y sin antigüedad) de titular con dedicación exclusiva alcanzó los $708.300,40. En tanto, un adjunto con dedicación semiexclusiva llegó a los $240.551,81. Mientras que un docente con dedicación simple, es decir, un cargo de 10 horas semanales, cobró $99.247,68.

Desde Fedun (Federación de Docentes de las Universidades) enfatizaron que la garantía salarial, el mínimo que debe cobrar un docente, no se actualizó desde que comenzó el año.

Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Al igual que el de abril, que fue de un 8%.

Fuente: La Nación