El proyecto de Paoltroni para intervenir Formosa desató un rechazo sin precedentes
La iniciativa del Senador de La Libertad Avanza generó pronunciamientos en contra por parte de organismos jurídicos, sindicales y municipales, que coinciden en señalar que no se verifican las condiciones constitucionales que habilitarían una medida de esa naturaleza. El proyecto no ha cosechado ningún apoyo público hasta el momento.
El senador nacional Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para intervenir la provincia de Formosa, suspender los tres Poderes del Estado provincial y declarar en comisión a la totalidad del Poder Judicial. La iniciativa, que requiere mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso Nacional para prosperar, no registra hasta el momento adhesiones públicas dentro ni fuera de su espacio político.
Uno de los aspectos más cuestionados por los especialistas es que el proyecto invoca la necesidad de garantizar la forma republicana de Gobierno como fundamento, al tiempo que contempla el cese inmediato del Gobernador, el Vicegobernador y todos los legisladores provinciales. Organismos jurídicos señalaron que esa contradicción debilitaba los fundamentos de la iniciativa.
En ese sentido, cabe recordar que Rodolfo Barra, exprocurador del Tesoro de la Nación durante la gestión de Javier Milei, había avalado previamente la legitimidad de la Convención Constituyente formoseña y sus cláusulas transitorias, al considerar que se trataba de herramientas técnicas habituales en el Derecho Constitucional argentino.
Un rechazo sin precedentes
El Consejo Profesional de la Abogacía fue uno de los primeros organismos en pronunciarse. En una declaración institucional, sostuvo que la intervención federal “es una herramienta de carácter excepcional y subsidiario, no un mecanismo ordinario de control político”, y señaló que en Formosa “no se advierten elementos objetivos que acrediten la cesación del funcionamiento de los tres Poderes del Estado”. El organismo remarcó que el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el Poder Judicial continuaban en ejercicio normal de sus funciones.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial, por su parte, advirtió que el proyecto “carece de sustento jurídico suficiente” y que la utilización de un instituto de excepción como herramienta de debate político “desnaturaliza su finalidad y compromete principios estructurales del sistema constitucional argentino”.
Asimismo, los 36 intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia suscribieron un documento conjunto titulado “La soberanía popular no se abandona”, en el que calificaron la iniciativa como “un atropello a la soberanía popular y a la institucionalidad provincial” y ratificaron que la legitimidad de las autoridades surgía del voto popular.
Los trabajadores también expusieron su disconformidad
La CGT Regional Formosa, con la adhesión de más de 60 organizaciones gremiales, rechazó el proyecto y cuestionó su sustento legal. El Movimiento por la Unidad Gremial, que agrupa a más de 35 gremios provinciales, calificó la propuesta como contraria a los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional, que garantizan la autonomía de las provincias y su derecho a darse sus propias instituciones.
La Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, que representa a más de 800.000 trabajadores en todo el país, también emitió un comunicado de rechazo. A esos pronunciamientos se sumó un documento firmado por 45 entidades sindicales de mujeres, que cuestionaron lo que describieron como una injerencia sobre la autonomía provincial.
Sin votos y con contradicciones propias
El diputado provincial Rodrigo Vera resumió la posición del oficialismo formoseño: “Pide que un extraño venga a gobernar Formosa. No hay razón jurídica, constitucional ni política para ello”.
Desde el plano legislativo, el proyecto enfrenta un obstáculo de peso: la Constitución Nacional exige el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras del Congreso para que una provincia pueda ser intervenida. Hasta el momento, no se han registrado señales de apoyo de otros bloques parlamentarios.
En paralelo, distintos sectores señalan que el propio Paoltroni participó de la Convención Constituyente provincial a través del sistema de lemas que su proyecto ahora cuestiona, y que renunció al cargo para el que fue electo en ese marco.
Con elecciones a gobernador previstas para el año próximo en la provincia, la iniciativa es leída por diversos actores políticos como una jugada de posicionamiento electoral, más que como una herramienta jurídica con posibilidades reales de prosperar en el Congreso.
