Trombofilia: soberanía sobre nuestros cuerpos
El Ministerio de Salud comenzó a delinear la reglamentación de un artículo de la ley de los Mil Días, que apunta a proteger el diagnóstico y tratamiento de las personas gestantes con sospecha de trombofilia. Al respecto opinó para Télam Ianina Lis Castro, coordinadora del Colectivo por la Ley de Trombofilia, presidenta de la Asociación Civil Colectiva Matriactiva.
Por Ianina Lis Castro
El 1 de marzo de 2020 estaba parada en la plaza de los Dos Congresos, rodeada de una multitud que había ido a escuchar el discurso presidencial en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias. Las palabras de Alberto Fernández fueron claras «el Estado va a acompañar a las mujeres que deseen maternar y también a las que no». Esta frase, que hizo que miles de pañuelos verdes se alzaran, también daba respuesta a la lucha de las mujeres con trombofilia. El cálido marzo de prepandemia nos invitaba a una etapa de reparación y construcción de la soberanía sobre nuestros cuerpos.
Hacía cuatro años que la Ley de Trombofilia había sido votada por unanimidad en ambas Cámaras, ley con la cual las personas gestantes podíamos acceder al diagnóstico de trombofilia y a los tratamientos correspondientes. ¿Por qué se necesitaba una ley? Hay un protocolo médico que indica que los estudios por trombofilia se indican recién después de la tercera pérdida de un embarazo. Tres. Tres veces las personas que tenemos trombofilia debemos poner el cuerpo para tener acceso a un derecho de salud.
Corría 2016 cuando la minoría que representamos las mujeres con trombofilia festejamos la conquista de este derecho, sin embargo, en la noche del 23 de diciembre de ese mismo año, y desde su quinta Los Abrojos, el ex presidente Mauricio Macri la vetó. Lejos de rendirnos, nos organizamos. Así, las que ya habíamos puesto el cuerpo nos convertimos en una sujeta colectiva y recorrimos los pasillos del Congreso buscando apoyo para presentar nuevamente una ley. Fueron años duros ya que el veto de Macri envalentonó a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga que negaron sistemáticamente el acceso al diagnóstico. De esta manera, se multiplicaron los casos de mujeres en las que ya no bastaban las tres pérdidas para que se cubriera el análisis de trombofilia. Porque el gobierno de los Ceos también legisla o veta en base a los intereses de sus socios, y la evaluación de las ganancias llevaba impresa la variable de ajuste más dolorosa: el cuerpo de las mujeres. Paradójicamente, los mismos que habían vetado la Ley de Trombofilia en 2016, salían en 2018 a decir «salvemos las dos vidas» sacudiendo un pañuelo celeste, mensaje que nosotras leíamos como: «gobernamos sus cuerpos, quieran o no maternar».
Nunca se volvió a tratar el proyecto de Ley de Trombofilia en el recinto. Pero como la organización vence al tiempo, esta Colectiva Matriactiva echó raíces en el territorio y nos constituimos en red con las mujeres a las que el Estado les cerró la puerta y les negó el derecho a la salud. Ese proyecto que había perdido estado parlamentario y que el gobierno de Ceos había cajoneado, recibió el compromiso de ser tratado con el nuevo gobierno. Y a pesar de que la pandemia se comió todo, las deudas se pagan, y las deudas con las mujeres y las diversidades no pueden esperar.
Así fue como la voluntad de acompañar a las mujeres en sus decisiones no quedó solo en un discurso, sino que se concretó con dos leyes fundamentales: la Ley de IVE (27.610) y la Ley de los Mil Días (27.611). Dentro de esta última, el artículo 23 se refiere a la trombofilia y expresa que cualquier persona gestante con sospecha de trombofilia, basada en antecedentes obstétricos y no obstétricos, tiene garantizado el acceso al diagnóstico y los tratamientos correspondientes. Cuando hablamos de antecedentes no obstétricos estamos dejando la mochila de tener que poner el cuerpo y perder embarazos para acceder a un simple análisis de sangre.
Hoy, en junio de 2021, esta ley todavía está en la etapa de reglamentación porque las decisiones políticas de gobernar para garantizar derechos también generan resistencias. Pero si hay algo que la pandemia pudo dimensionar, es que es el Estado el que sale a darle respuestas al pueblo cuando el sistema de salud privado no puede o no quiere darlas. La política pública, la rectoría de un Estado en clave de equidad y la organización popular son los pilares sobre los que hoy nuestros cuerpos se levantan para que nunca más sean el campo de batalla de las variables de ajuste de un sistema patriarcal.
Fuente: Télam
